/Foto: redes sociales

Hoy, 6 de noviembre, Colombia conmemora una de las fechas más dolorosas de su historia reciente. Un día como hoy, pero de 1985, un comando armado del M-19 se tomó por la fuerza el Palacio de Justicia, en plena Plaza de Bolívar de Bogotá, y convirtió el corazón de la justicia colombiana en un campo de batalla que se extendió por 28 horas.

Alrededor de las 11:30 de la mañana, unos 35 guerrilleros del Movimiento 19 de abril ingresaron por el sótano del edificio con un plan: retener a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y obligar a un juicio público contra el presidente Belisario Betancur, a quien acusaban de incumplir los acuerdos de paz de 1984. La operación fue bautizada por el grupo como «Antonio Nariño por los Derechos del Hombre». Según la Comisión de la Verdad, los servicios de inteligencia del Estado conocían el plan con semanas de antelación; aun así, el Palacio tenía una vigilancia mínima al momento del asalto.

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Adentro quedaron atrapadas más de 300 personas: magistrados, consejeros de Estado, empleados y visitantes. Desde la 1:00 de la tarde, el Ejército lanzó la retoma con tanques, helicópteros y cientos de soldados, una operación que informes oficiales, entre ellos el de la Comisión de la Verdad, han calificado como excesiva y desproporcionada. Los combates y un voraz incendio terminaron por destruir el edificio y quemar miles de expedientes judiciales.

En medio del fuego cruzado, el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, alcanzó a suplicar por radio un cese el fuego, advirtiendo que la vida de los rehenes corría peligro. Su llamado nunca fue atendido. Reyes Echandía murió en el Palacio junto a otros diez magistrados de la alta corte, según consta en el memorial de la propia Corte Suprema de Justicia.

El saldo fue devastador: más de 100 muertos entre guerrilleros, magistrados, soldados y civiles. Además, un grupo de personas, varias de ellas trabajadoras de la cafetería del Palacio, salieron con vida del edificio y desaparecieron mientras estaban bajo custodia de la Fuerza Pública. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por la desaparición forzada de 11 personas, entre ellas el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, víctima además de ejecución extrajudicial, y por la detención y tortura de otras cuatro personas durante la retoma.

El M-19 firmó la paz y se desmovilizó en 1990. Cuatro décadas después, la conmemoración sigue cargada de exigencias de verdad y memoria: este viernes las altas cortes rinden un homenaje a las víctimas y a sus familias en la plazoleta del Palacio de Justicia, y esta misma semana los hijos de cuatro magistrados asesinados publicaron una carta pública en la que rechazan el uso político de los hechos y piden esclarecer las responsabilidades. A 41 años, la toma del Palacio de Justicia sigue siendo una herida abierta en Colombia.

Así analiza Señal Colombia la memoria del Palacio de Justicia, con Helena Urán, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán:

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Publicado por Redacción Vyral News

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