Petro en La Alpujarra / Foto: redes sociales

La masiva concentración convocada por el presidente Gustavo Petro el pasado sábado en La Alpujarra, Medellín, lejos de consolidarse como una fiesta ciudadana por la aprobación de la reforma laboral, terminó marcada por denuncias de coacción laboral, uso de recursos públicos y un escándalo mayúsculo: la aparición pública de jefes del crimen organizado actualmente privados de la libertad.

Aunque el evento fue presentado como una jornada para celebrar avances legislativos y promover propuestas como la Asamblea Nacional Constituyente y la “paz urbana”, testimonios recogidos por medios como El Colombiano revelan que numerosos asistentes llegaron al lugar sin saber que se trataba de una manifestación política.

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¿Asistencia forzada?

Varios trabajadores del sector público y privado afirmaron haber sido obligados por sus empleadores a acudir al evento, bajo amenaza de sanciones. Algunos relataron que fueron citados para asistir a una “marcha de blanco”, sin mayor contexto. Solo al llegar, o por información de las autoridades en el lugar, supieron que era un acto convocado por el presidente de la República.

“Nos dijeron que si no íbamos, nos suspendían. Solo allá nos dimos cuenta de que era por Petro”, declaró una trabajadora que pidió mantener el anonimato.

Desde tempranas horas, buses especiales transportaron personas desde distintas comunas de Medellín y municipios cercanos. Una vez en el sitio, los asistentes recibieron refrigerios, lo que algunos interpretaron como una forma de asegurar su permanencia durante el evento.

Cabecillas del crimen, en primera fila

El momento más polémico de la jornada fue la presencia de nueve reconocidos jefes del crimen organizado del Valle de Aburrá, actualmente presos en la cárcel de Itagüí. Alias Tom, Douglas, Pesebre y otros líderes delincuenciales fueron trasladados por el INPEC para participar en una reunión con representantes del Ejecutivo, en el marco de la política de “paz urbana”.

La decisión desató fuertes reacciones. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue contundente:

“Mientras nosotros capturamos a estos cabecillas, el presidente los lleva a la tarima. Nos pone la lápida”.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó el hecho como una humillación:

“El Presidente vino a rodearse de criminales. Esto no es reconciliación, es rendición”.

Críticas al uso del espacio público y a la logística del evento

La elección de la plazoleta de La Alpujarra, sede de la Gobernación y la Alcaldía, también generó malestar, dado que no es habitual usar este espacio para eventos políticos masivos. Para algunos analistas, fue un mensaje simbólico dirigido a los mandatarios regionales, ambos abiertamente críticos del Gobierno Nacional.

Aunque la concentración estaba citada para las 2:00 p.m., el presidente Petro llegó cerca de las 5:00 p.m., cuando gran parte del público ya había abandonado el lugar. Aun así, su discurso fue transmitido en horario estelar a través de canales oficiales.

En su intervención, el mandatario volvió a arremeter contra el modelo minero vigente, cuestionó la operación de AngloGold Ashanti en Antioquia y defendió la reforma constitucional como vía para profundizar su proyecto político.

Posibles investigaciones en camino

Las denuncias sobre presunta coacción laboral y utilización de recursos estatales para el evento ya están en la mira de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que anunciaron recolección de pruebas y testimonios para esclarecer si hubo vulneraciones a los derechos laborales o irregularidades administrativas.

El evento, que buscaba demostrar respaldo ciudadano a las reformas del Gobierno, terminó convertido en un nuevo foco de tensión entre la Casa de Nariño y los gobiernos regionales, y en un debate nacional sobre los límites entre movilización política, uso de recursos públicos y justicia transicional.

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Publicado por Redacción Vyral News

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